Declaración de La Plataforma de la Comisión de La Verdad con motivo de la visita del Relator de la ONU

 

 

Enviamos declaración de la Plataforma por la Comisión de la Verdad con motivo de la visita del relator de la ONU , en la que se exige al Gobierno de Rajoy que cumpla con las resoluciones y los principios de la ONU. En el acto ha intervenido Baltasar Garzón,  entre otros miembros de la plataforma. Se adjuntan fotos.     

                       Madrid, 19 de enero 2013

 

Esta semana recibimos la visita de Pablo Greiff, Relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Una vez más, tenemos que levantar la voz para denunciar que en España no se cumple ninguno de los principios y directrices que rigen la actuación de este organismo de la ONU.

 

En nombre de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, que representa a más de cien asociaciones de familiares de víctimas del franquismo y de la memoria histórica, volveremos a denunciar una vez más la situación de indefensión y el desamparo institucional, jurídico y político que todavía sufren decenas de miles de víctimas del franquismo y sus familiares.

 

Hablamos en nombre de las más de 150.000 personas víctimas de desapariciones forzadas, cuyos familiares siguen esperando un reconocimiento como tales y una solución por parte del Estado democrático. Hablamos en nombre de las miles de víctimas anónimas sin voz sepultadas en las 2.000 fosas comunes desperdigadas por la geografía española que no han sido exhumadas y de las decenas de  miles de casos de niños robados durante la dictadura. Todos ellos forman parte de un conjunto de delitos cometidos bajo el franquismo que son imprescriptibles.

 

España sigue siendo una excepción en la Europa democrática. Hoy, 77 años después del golpe militar y 36 años después de la restauración de la democracia, ni la justicia, ni las instituciones han dado pasos significativos para cumplir con la legislación internacional y con el respeto debido a los derechos humanos y a las víctimas.

 

Es más, se ha retrocedido de manera injustificada, dejando sin efecto y sin presupuesto la ley de memoria histórica que por primera vez abordaba este problema, aunque de manera insuficiente. 

 

Todo esto provoca un enorme sufrimiento a los familiares de las víctimas y un innecesario dolor que ya se prolonga varias décadas.

 

Esta situación intolerable ha sido puesta de manifiesto por el Grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas e involuntarias (GTDFI) en su informe preliminar sobre España, después de la visita a nuestro país y de entrevistarse con responsables del gobierno, de la sociedad civil y de las víctimas y asociaciones de memoria. Y en el mismo sentido se ha manifestado el Comité de desapariciones forzadas de la ONU en sus conclusiones sobre el cumplimiento que España hace de la Convención Internacional.

 

Estos informes advierten de la situación de desprotección de las víctimas y de la obligación que tiene el Estado español de abordar esta situación de acuerdo con la legislación internacional sobre derechos humanos.

 

Creemos que esas recomendaciones, respaldadas por la autoridad política y moral que representa Naciones Unidas, son un buen punto de partida para establecer un acuerdo político y social, un verdadero pacto de Estado que aborde una solución definitiva para las víctimas y los crímenes del franquismo que la democracia no ha sabido resolver hasta ahora.

 

Hace un mes nos dirigimos al presidente de gobierno, Mariano Rajoy, para solicitarle una entrevista que todavía no ha tenido ninguna respuesta.

En la carta que le dirigimos, pedíamos una solución en el marco de los principios de la ONU y que pusiera en marcha las medidas necesarias para impulsar un gran acuerdo nacional que concluya en la constitución de una Comisión de la Verdad que emane de las Cortes. Una solución adoptada por más de cuarenta países de todo el mundo que, como nosotros, han sufrido dictaduras, violaciones masivas de los derechos humanos y crímenes contra la humanidad.

 

No sería comprensible que el Estado, el Gobierno y las instituciones dieran la espalda a esta tragedia que afecta a cientos de miles de víctimas, y los crímenes del franquismo se escondieran definitivamente en el cajón del olvido. Sería igualmente injustificable que el Estado no estableciera los mecanismos necesarios para que se cumplan las recomendaciones de la ONU.

 

Hay que recordar que la democracia tiene pendiente una deuda con las víctimas del franquismo que aportaron su dolor, su sacrificio y su silencio para hacer posible la instauración de la democracia.

 

Sin embargo, miles de familias siguen sin ser reconocidas como víctimas del franquismo y no sabemos si el gobierno las incluirá en el nuevo proyecto de Ley orgánica del estatuto de la víctima del delito. 

 

Sería trágico y contrario al espíritu de la transición -y atenta contra la democracia- que se institucionalizaran dos categorías de víctimas en España: unas con todos los derechos y el reconocimiento que merecen y otras abandonadas a su suerte y sin ningún derecho.

 

La visita del Relator de la ONU nos permite reivindicar y exigir que el gobierno de Mariano Rajoy  se comprometa a cumplir los principios, las resoluciones y los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y, como proclama el relator de la ONU, en España sean posibles la verdad, la justicia y la reparación para que se den las garantías de no repetición.

 

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